El senador por Jalisco, Carlos Lomelí, demandó al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y al gobierno estatal presentar un plan integral con diagnóstico, metas, plazos de ejecución y mecanismos de seguimiento para atender la crisis de agua que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
En su intervención del 13 de abril de 2026, el legislador de Morena cuestionó la falta de transparencia en el ejercicio de los mil 100 millones de pesos reasignados para enfrentar la emergencia hídrica, y señaló que cerca de medio millón de personas siguen recibiendo agua en condiciones deficientes.
Una crisis que escaló desde marzo
La problemática se agravó durante marzo de 2026, cuando se multiplicaron los reportes de agua turbia, con mal olor y presencia de sedimentos en colonias de Guadalajara y Zapopan. Según datos independientes, más de 450 colonias han registrado afectaciones, aunque la cifra oficial reconoce 176.
Especialistas de la Universidad de Guadalajara identificaron microorganismos como algas, rotíferos e invertebrados en muestras del agua, además de niveles de turbidez de hasta 40 unidades, por encima de lo permitido por la norma.
Entre los factores estructurales destaca el deterioro de la red hidráulica —con tuberías de entre 70 y 80 años de antigüedad— y la obsolescencia de la Planta de Tratamiento de Miravalle, en operación desde 1956, que abastece cerca del 60% del agua metropolitana. Las fugas en la red se estiman en hasta el 50% del agua distribuida.
Trabajo legislativo de Lomelí
El 17 de marzo de 2026, Lomelí solicitó a la Cofepris emitir una alerta sanitaria inmediata para la ZMG. El 23 de marzo pidió formalmente la intervención de la Conagua y la Profepa para inspeccionar posibles descargas irregulares vinculadas a la contaminación. Su exigencia más reciente, del 13 de abril, apunta directamente a la rendición de cuentas sobre los recursos asignados y a la elaboración de un plan con resultados medibles.
La crisis del agua en la ZMG no es nueva, pero la presión legislativa de Lomelí coloca el tema en la agenda federal y obliga a las autoridades locales a responder con algo más que presupuesto: un plan que la ciudadanía pueda verificar.
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